AMIA propone Política Nacional de Electromovilidad

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en conjunto con la consultora Frost & Sullivan presentó los resultados del estudio “Recomendaciones para la Política Nacional de Electromovilidad”, donde propuso la implementación de una política integral de transición ordenada hacia la electromovilidad, que conlleve una estrategia conjunta de gobierno e industria.

De acuerdo con la AMIA, dicha política podría aumentar la participación de los autos eléctricos en el mercado mexicano, pasando del 5 % al 38.9 % del total de ventas de vehículos ligeros para 2030. De esta manera, México podría convertirse en el “hub” de la manufactura automotriz de Latinoamérica.

Por el contrario, sin la existencia de una política nacional, se proyecta que su cuota en el mercado sería solamente del 19 %. Así mismo, que existe el riesgo de que la industria automotriz mexicana pierda el papel de liderazgo que juega en la manufactura de vehículos a nivel global, donde ocupa actualmente la séptima posición como productora de autos”.

El estudio integra “un análisis del mercado, así como de la manufactura de este tipo de vehículos, una revisión del estado actual de infraestructura de carga, las necesidades de los clientes actuales y potenciales, así como un comparativo internacional de buenas prácticas”.

Para José Zozaya, presidente ejecutivo de la AMIA, “México está listo para adoptar la electromovilidad”, pero requiere de incentivos fiscales, económicos y regulatorios que aceleren la transición al uso de vehículos híbridos y eléctricos, así como el acompañamiento del gobierno federal para hacer asequibles las unidades y dotar de energías limpias para el uso de la infraestructura.

El reporte también destaca que los consumidores muestran una disposición creciente a adoptar vehículos con tecnologías más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. Esto se ve respaldado por incentivos que facilitan la adquisición y el uso de vehículos eléctricos.

Tanto la AMIA como la consultoría coincidieron en que la política de electromovilidad debe estar coordinada por distintos actores, como Secretaría de Economía, de Energía, de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente, y los gobiernos estatales y locales.