Plásticos y regulaciones: ¿en qué va México?

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y las sociedades emprendan un nuevo camino. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen el combate al cambio climático, la defensa del medioambiente y el diseño de nuestras ciudades.

En el Foro Económico Mundial de Davos, con la presentación de aquel estudio sobre la nueva economía del plástico, se detonan las alarmas al afirmar que al ritmo de consumo actual, los mares y océanos de nuestro planeta contendrán una tonelada de plásticos por cada 3 toneladas de peces y, se acuña la frase que le dio la vuelta al mundo: “Para 2050 habrá más plástico que peces en el mar”.

La cuarta Asamblea de la ONU logra entonces un acuerdo global para reducir el consumo de plásticos de un solo uso, con el fin de abordar el impacto a nuestros ecosistemas y eliminar o restringirlos para el año 2030, además de trabajar con el sector privado para encontrar productos “asequibles y respetuosos con el medioambiente”, según la declaración ministerial.

De acuerdo con el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), y la Fundación Ellen MacArthur, impulsora de la economía circular, la contaminación plástica está presente en todas partes, desde las playas de Indonesia hasta el fondo del océano en el Polo Norte y asciende por la cadena alimenticia hasta llegar a nuestras mesas.

Políticas de reducción de plásticos y cambios en la industria

Estos organismos instan a los gobiernos a aprobar políticas de reducción de plásticos, particularmente los problemáticos e innecesarios, urgen a las industrias a disminuir los empaques que utilizan este material y a rediseñar productos, y llaman a la gente a cambiar sus hábitos. No olvidemos que la propia fundación, en el Acuerdo Global para la Nueva Economía del Plástico, promueve que el 100 % de los envases se puedan reutilizar, reciclar o compostar para 2025.

Así encontramos que se consolidó el motivo de las diversas propuestas, modelos económicos, proyectos, políticas públicas, normatividad, acuerdos públicos y privados, iniciativas sociales y regulatorias que han dado paso al marco que se pretende estructurar en el mundo y en México: la percepción sobre un material.

México y la economía circular de los plásticos

Nuestro país se ha caracterizado por ser, en diversos campos, un gran observador de las innovaciones y prácticas de otras latitudes, para adoptar así elementos que se han convertido en parte del día a día (con o sin éxito), y el modelo de economía circular no ha sido la excepción.

En el marco de las nuevas regulaciones se generaron varios fenómenos interesantes: 1) Se comenzó a legislar en materia de envases y empaques con alcances prohibitivos o restrictivos, sin dar oportunidad a alternativas graduales. 2) Las primeras iniciativas salieron de las entidades federativas o de los municipios y no de la federación. 3) Se integraron elementos de impacto productivo y económico en leyes de naturaleza netamente ambiental.

Regulaciones para bolsas de plástico, popotes y contenedores

De acuerdo con datos de la Universidad Autónoma Metropolitana, 88 % de las entidades han establecido regulaciones para las bolsas de plástico, 72 % para los popotes y 25 % para contenedores, empaques y envases de poliestireno expandido. Al menos 50 % de los estados cuentan con regulaciones que plantean una prohibición hacia los plásticos, 15 % promueven la eliminación y 15 % han establecido la sustitución gradual. El 37 % de los gobiernos estatales plantean excepciones para materiales biodegradables, 34 % por cuestiones médicas o de salud y 28 % por conservación de alimentos.

Lo anterior es sumamente relevante si consideramos que, en materia ambiental, aun cuando hay facultades concurrentes en algunos casos, existen instrumentos federales, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que son reglamentarios de la Constitución, y de acuerdo con la jerarquía de leyes, se deben aplicar por encima de otros cuerpos normativos.

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, lo que para muchos significa que las políticas económicas y estratégicas que impactan las actividades productivas son facultades exclusivas de la federación, por lo que al buscar regular la producción, venta, distribución, comercialización, etc., de ciertos productos en leyes estatales (incluidas aquellas de Ciudad de México), se estaría ante una invasión de competencias e, incluso, ante barreras técnicas al comercio.

Tendencia regulatoria y economía circular

No obstante, la tendencia regulatoria que en principio se limitaba a reformar leyes, reglamentos o normas relacionadas con residuos sólidos urbanos y los llamados “plásticos de un solo uso”, ha evolucionado al punto de empujar la internalización del modelo de economía circular, como es el caso de una Estrategia de Economía Circular y la Agenda Basura Cero de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hasta algunas de las recientes propuestas en revisión: Ley General de Economía Circular del Senado de la República, la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, y la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México. Esta situación ha impulsado diversos esfuerzos de la industria formal y organizada, para adoptar mecanismos de colaboración.

En párrafos anteriores mencionaba los acuerdos públicos y privados que se han convertido en compromisos de adherencia voluntaria para establecer metas que hagan resonancia no solo con sus acciones de responsabilidad social y ambiental, sino también con la realidad jurídico-regulatoria a la que inevitablemente se enfrentan; tal es el caso del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, firmado en diciembre de 2019 por diversas empresas y organismos del sector privado, y cuya particularidad es que tuvo como impulsor fundamental al Senado de la República, siendo el primer acuerdo en todo el mundo en materia de plásticos fomentado por un Congreso Nacional.

Ahora bien, si nos ocupamos de resumir los elementos de la dinámica regulatoria nacional, podemos enlistar lo siguiente: a) Prohibiciones/restricción de productos o materiales (como es el caso de la prohibición de PET en el estado de Oaxaca); b) Normalización, certificación y ecoetiquetado; c) Impulso al reciclaje, reutilización, compostaje, valorización y aprovechamiento de los residuos; d) Responsabilidad Extendida del Productor (retornabilidad/depósito reembolso); e) Porcentaje mínimo de acopio y de contenido de reciclado posconsumo y f) Promoción de alternativas biodegradables y biobasadas.

Como se observa, en México estamos lejos de abandonar la idea de economía circular; sin embargo, no necesariamente hay un entendimiento homogéneo de la misma.

Áreas de oportunidad

En la actualidad se encuentran pendientes de revisión y dictaminación diversos proyectos de reforma a escala federal en materia de residuos, así como de economía circular a causa de la coyuntura política que vivimos, lo que desafortunadamente no permite dar luz a políticas adecuadas y necesarias que promuevan no solo el aprovechamiento de los materiales, sino la gestión adecuada de los residuos, tan fundamental dentro de un modelo de economía circular. Es decir, resulta indispensable legislar desde lo federal a lo estatal y municipal para contar con un marco que establezca los principios generales de un sistema homogéneo, apropiado para la realidad de nuestro país.

No se concibe un modelo circular que cambie paradigmas sin antes resolver premisas básicas como la separación de los residuos en la fuente y su manejo integral, la transversalidad, infraestructura suficiente, fomento a la innovación, estímulos a la producción, desarrollo de mercados y cadenas de valor, corresponsabilidad, inclusión social, educación y consumo responsable.

De igual manera, la circularidad no se traduce en una fórmula inflexible, con una solución única, ya que es posible hacer una diferencia en cualquier punto del proceso donde sea factible y viable, ya sea desde el diseño de un producto o desde el aprovechamiento y reincorporación de los residuos.

No perdamos de vista que México tiene la gran fortaleza de contar con una herramienta como el plan de manejo que, entre otras cosas, ha permitido consolidar el mercado de reciclaje de PET del cual dependen miles de familias.

El reto y éxito de una economía circular en México dependerá de la implementación de políticas y regulaciones que no se contaminen de rentabilidad política, de propiciar mejores resultados en materia ambiental, de inhibir el riesgo de externalidades negativas en todos los sectores, así como de sostener el equilibrio de la actividad económica del país… y eso es una responsabilidad compartida de todos.